La economía española no da tregua a la educación

La falta de ingresos después de terminar un máster o doctorado debido a la carencia de oportunidades en el mercado laboral de la economía española, no permite afrontar el pago de la deuda que generaron los préstamos para esos estudios.

La economía española no da tregua a la educación
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En el curso 2010-2011 muchos estudiantes de máster y doctorado solicitaron al Ministerio de Educación un Préstamo Renta Universidad ICO, pero después de dos años se empezaría a pagar, si los estudios (objeto de la petición del préstamo) tenían una duración de un año, o se empezaría a pagar a los tres años si la duración era de dos años. Ha llegado el momento de pagar y muchos de ellos no tienen trabajo para poder hacer frente a los pagos requeridos y, aquellos que sí tienen las suerte de haber encontrado un trabajo, no es el esperado cuando comenzaron a cursar el máster o doctorado y no pueden hacer frente a los pagos de la deuda.

 

Es un grave problema al que se enfrenta la economía española, porque muchos de estos estudiantes, altamente cualificados, no tienen cabida en un mercado laboral carente de demanda para ellos. La economía española no podrá beneficiarse de lo altos conocimientos que poseen los trabajadores que pidieron préstamos al Ministerio de Educación para poder generar un mayor valor añadido al tejido empresarial de la economía española.

 

La idea de la creación de este tipo de préstamos surgió del estilo anglosajón, allá en el año 2007. Y estipulaba que aquellas personas que habían solicitado un préstamo lo devolverían a partir del tercer año o al obtener unos ingresos anuales de 22.000 euros. Este préstamo no tendría intereses y se pagaría en 15 años. También se planteaba que si pasaba esta fecha y no se podía haber pagado debido a unos ingresos bajos, el préstamo quedaría anulado y el Estado se convertiría en avalista.

 

Lo cierto es que a partir del año 2010 se modificaron los requisitos de los préstamos, que surgieron en la creación idílica de los mismos en el año 2007. Por ello se obligaba a pagar a partir de los dos años o tres años en función de la duración de los estudios en un año o dos, respectivamente, y en un plazo de cuatro años.

 

Aunque el gobierno a indicado que quiere estudiar todos los casos, no es un camino muy alentador para la economía española, poner tantos problemas a aquellos que en un futuro próximo se presume que generarán valor al mercado laboral.

 

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