¿Cuánto cobran nuestros políticos?

En estos momentos hay una gran disparidad de criterios a la hora de remunerar a los primeros ediles españoles. Muchos de ellos, como la alcaldesa de Madrid, tienen unos ingresos mensuales muy superiores a los del presidente del Gobierno. La administración necesita regenerarse para superar esta crisis económica.

¿Cuánto cobran nuestros políticos?
El Ejecutivo está legislando la retribución de los políticos regionales y autonómicos

Los políticos españoles han sufrido los rigores de la crisis, y en los últimos años se han visto obligados a recortar sus ingresos en cantidades variables pero que se sitúan en torno al 10 por ciento. No obstante, estos recortes no ocultan una realidad: los políticos españoles están muy bien remunerados y muchos hacen de la política una forma de vida.

 

Las retribuciones de los políticos españoles no están reguladas, por lo menos no lo estaba hasta ahora, y se podían producir criterios tan dispares como que un alcalde de una ciudad de tamaño medio cobrara una cantidad similar a la del presidente del Gobierno.

 

 

Los más bajos en la escala son los ministros, con una retribución anual bruta cercana a los 70.000 euros. Un secretario de Estado puede rondar los 100.000 euros al año, y esta cantidad es la que el Ejecutivo Rajoy pretende que sea el criterio normalizador que marque los topes que un alcalde puede cobrar.

 

En este caso, ningún edil puede recibir más de 100.000 euros brutos al año. Por este motivo, y a pesar de la bajada de sueldo experimentado por la alcaldesa de Madrid en los últimos años, se tendrá que ‘apretar’ de nuevo el cinturón y bajarse el salario casi 2.000 euros más. Un caso muy parecido sucede en Barcelona, con un alcalde que percibe más sueldo que el presidente del Gobierno y sus ministros.

 

El proyecto de regulación prevé que un alcalde de una gran ciudad española (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Zaragoza) no podrá cobrar más de 100.000 euros brutos anuales, lo mismo que un secretario de Estado. Por debajo, las ciudades de entre 150.000 y 300.000 habitantes, cuyos primeros ediles no podrán cobrar más del 80 por ciento de esta cantidad, es decir, 80.000 euros brutos al año. Es el primer intento de normalizar esta situación para sanear las arcas de la administración pública española.

 

Pero tampoco debemos olvidar otros datos importantes. Por ejemplo, que el número de funcionarios que había el año pasado en España es exactamente igual que el de empresarios y autónomos. Cada profesión tiene su importancia y su contrapeso en la economía de un país, pero no es menos cierto que las pequeñas empresas españolas generan el 80 por ciento de los puestos de trabajo en España.

 

Los números totales también son preocupantes, porque la séptima parte de los trabajadores españoles son funcionarios públicos. En épocas de crisis, la administración no puede mantener estos números porque los costes sociales para mantener las prestaciones por desempleo son elevados y el equilibrio entre ingresos y gastos se hace insostenible.

 

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